El impacto de la crisis del coronavirus en las pymes españolas avanza pese a la reapertura económica. El 26% de las pymes atraviesa problemas de liquidez. El 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y Hacienda. El 14% encuentra problemas para pagar los alquileres, mientras un 27% de los negocios tiene clientes morosos. El 13% de las pequeñas y medianas empresas no está pagando a sus acreedores y el 10% está en mora con las entidades financieras.
Así lo refleja el Barómetro de septiembre de los Gestores Administrativos. El informe también destaca que 130.000 empresas están en situación de quiebra técnica. De esta forma, solo la moratoria concursal evita que hayan tenido que presentar ya el concurso de acreedores.
El último informe de estabilidad financiera del Banco de España refuerza estos datos, indicando que observa un incremento notable en el riesgo de impago asociado a los préstamos ICO por el Covid. El volumen de operaciones que han sido clasificadas por las entidades financieras en "vigilancia especial" se ha duplicado hasta el 16%. Se incluyen en vigilancia especial los deudores que, manteniendo aún el pago de sus operaciones, muestran síntomas de debilidad para poder afrontar en el futuro el pago de sus cuotas.
"No hay recuperación"
"Venimos diciendo desde hace muchos meses que la recuperación micro no se está produciendo, al menos en todos los sectores, a la velocidad que nos quieren hacer ver; muchas pymes se tuvieron que sobre endeudar para hacer frente a los compromisos de pagos durante los meses que se les prohibió vender o se restringió la movilidad, y todavía no han recuperado sus niveles de ingresos", señala Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos.
"El Código de Buenas Prácticas, que ha pretendido ser un alivio para las pymes que cuentan con un préstamo ICO por el Covid no ha sido más que un nuevo fiasco. Las dificultades administrativas por parte de los bancos y del ICO para su gestión, han sido parte del problema, pero no el único", continúa Santiago. "Han dejado en mano de los bancos una gran parte de las operaciones a renovar. Si, tras cumplir el extenso marco de condiciones establecido en el RD Ley que regula el Código de Buenas Prácticas, la pyme o el autónomo no tuvo una caída del 30% de ingresos entre 2020 y 2019, el banco decide si quiere o no ampliar".
El presidente de los Gestores Administrativos apunta que "nos estamos encontrando con todo tipo de problemas. Y si en las ampliaciones que deberían ser automáticas los están poniendo (llegando incluso a aconsejar a los clientes que no soliciten las ampliaciones), pueden imaginarse en aquellas que no lo son. Y el límite puede estar en haber descendido las ventas en un 20%".
"Y, lo peor de todo", señala Santiago, "es la desinformación en las oficinas, procesos centralizados que aburren a cualquiera, pero que para empresas que no disponen de un departamento administrativo hacen casi imposible materializar todas las solicitudes de información que reciben. A menudo, hemos soportado reenviar los mismos documentos tres, cuatro o cinco veces. Y, por si fuera poco, cada banco llevando a cabo el proceso de forma muy diferente".
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Fuente: eleconomista.es
