El cambiante entorno socioeconómico actual hace que las responsabilidades de los directivos se encuentren en constante evolución, lo que va de la mano con la importancia de actualizarse y adaptarse a estos nuevos escenarios. Sin embargo, muchos de ellos no son del todo conscientes todavía de los verdaderos riesgos que suponen los errores y negligencias en el ejercicio de su actividad, que puedan suponer multas, reclamaciones o problemas legales. De hecho, el 22,5% de los directivos de las pymes españolas no son conocedoras de la posibilidad de verse involucrados en alguna de estas situaciones, lo que se desprende del Whitepaper “El coste real de montar tu propia empresa” de Hiscox.
En este sentido, Hiscox ha querido reunir algunas de las nuevas responsabilidades que los directivos de las empresas deberán tener muy en cuenta durante el ejercicio de su actividad en 2024:
Responsabilidades en materia de ciberseguridad y transformación digital
Tal y como hemos conocido en el Informe de Ciberpreparación 2023 de Hiscox, el coste de los ciberataques a empresas españolas en 2022 ha aumentado en un 43%, ya habiéndose duplicado el año anterior. Esto demuestra la necesidad de posicionar a la ciberseguridad como prioridad para las empresas, sean del tamaño que sean. En este sentido, un gran número de empresas españolas, tanto grandes como algunas pymes y micropymes específicas, tales como del sector TIC, tendrán nuevas obligaciones en materia de ciberseguridad este año, a partir de la entrada en vigor de la Directiva europea NIS 2 con el fin de fomentar una transformación en las empresas desde un enfoque reactivo a uno proactivo en esta materia. Por otro lado, la transformación digital en sí ya es toda una obligación para las empresas, especialmente las pymes. Así, la nueva Ley Crea y Crece, que entra en vigor este 2024, las obligará a implementar la factura electrónica en sus transacciones comerciales con otras empresas y autónomos.
Responsabilidades en materia laboral
Uno de los focos principales de la agenda de legislatura actual es en materia laboral, por lo que las pymes españolas se han visto y se verán afectadas este año por diferentes medidas que impactan directamente en las responsabilidades de los directivos para con sus empleados. Así, el pasado mes de enero entró en vigor la subida del 5% del salario mínimo interprofesional para 2024, y es que ya con la subida en 2023 más de un tercio de las pymes necesitó hacer ajustes para hacerle frente, como la reducción de los sueldos más altos, despidos de trabajadores o menor contratación de personal, según se desprende de los datos de 2023 del Informe de Pymes y Autónomos de Hiscox. Otra de las medidas clave es la reducción de la jornada laboral máxima de 38,5 horas en 2024, lo que implicará una necesidad de mayor control del registro horario, enfrentándose las empresas a sanciones de hasta 225.018 euros y multas de hasta 7.500 euros por exceso de jornada.
Responsabilidades en materia de sostenibilidad
2024 se presenta como un año clave para las empresas en materia de sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente. Por un lado, este año se ha aprobado desde el Parlamento Europeo la prohibición del greenwashing o publicidad engañosa ‘eco’ para proteger al consumidor del engaño acerca de las cualidades y calidad de los productos. Y es que la preocupación por el medio ambiente ya se ha convertido en uno de los principales riesgos sistémicos para el 32,3% de las pymes y es el que más ha crecido en 2023, siendo precisamente las del sector comercio las que mayor preocupación muestran por el cambio climático (44,3%). En este sentido, la responsabilidad de los directivos y las empresas con la sostenibilidad y la ecología se verá reforzada en 2024 y deberán implementar acciones dirigidas a ello en todos sus procesos de negocio, como la alianza con proveedores que cumplan con determinados requisitos en esta materia.
Responsabilidades en materia de igualdad, diversidad y discriminación laboral
La responsabilidad de los directivos con las agendas sociales es cada vez mayor, no solo en sostenibilidad o ciberseguridad, sino también en materia de igualdad y protección del trabajador. Así, ya en 2022 entró en vigor la obligación de contar con un Plan de Igualdad para empresas de más de 50 empleados y toda empresa, de cualquier envergadura, está obligada a implementar políticas internas en favor de esta igualdad. Más allá y en materia de diversidad, a partir de marzo de 2024 las empresas con más de 50 trabajadores deben contar con un protocolo LGTBI con el fin de evitar el acoso y discriminación a este colectivo en concreto. Si bien, por otro lado, desde hace varios años se viene reforzando la ya implementada ley que obliga a toda empresa a tener un Plan de Prevención y Acoso Laboral, que también además implica la creación de canales de denuncia para proteger a quienes denuncian las malas prácticas en este sentido, algo obligatorio desde el pasado 1 de diciembre de 2023.
Fuente: rrhhdigital.com
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