El impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD) creará barreras de entrada al mercado a pequeñas empresas y startups, al resultarles más caro acceder a los servicios de las plataformas digitales, y repercutirá negativamente en el bienestar de los consumidores españoles, particularmente en las rentas bajas. Esta semana se presentaba el estudio «Who will bear the Burden of DSTs?», del que se desprende, como apunta Paul MacDonnell, director ejecutivo de la Fundación Digital Global, –una plataforma para el diálogo entre los responsables políticos, académicos y otros stakeholders, en apoyo a políticas para la sociedad digital que tienen su razón de ser o justificación en datos empíricos–, que «el IDSD actúa como una tasa basada en el uso de datos de consumidores y ciudadanos. De este modo, es previsible que el coste lo terminen soportando pequeñas empresas, autónomos, usuarios -especialmente aquellos con rentas bajas-, organizaciones sin ánimo de lucro u organismos públicos. Todos ellos conforman la parte de mayor crecimiento de la economía digital».
Entre los efectos de la aplicación a largo plazo del IDSD se hallan la menor productividad de las empresas afectadas, menor competitividad y una contracción del crecimiento económico a nivel nacional e internacional. Por consiguiente, la «tasa digital» tendrá un efecto distorsionador sobre el mercado, creando injustas ventajas competitivas de determinadas empresas sobre otras, y reducirá la capacidad de la economía para generar trabajo y riqueza.
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Fuente: larazon.es
