Cumplir con la política compliance se ha convertido en un reto para las pequeñas y medianas empresas. Las compañías se ven en la obligación de adoptar un sistema de compliance para prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento de normativas que afecten a su actividad.
El ‘Estudio sobre la función de Compliance en las empresas españolas’ que ha realizado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha puesto de manifiesto que tres de cada cuatro empresas españolas ya ha incorporado un sistema de compliance. En su mayoría son empresas que tienen más de 200 trabajadores. El resto asegura que de aquí a 2025 lo implementará.
Las empresas deben cumplir cada vez más con un mayor número de leyes, estándares, reglamentos y directivas. En este sentido, el problema al que se enfrentan tiene que ver con los requerimientos que tienen las empresas. El informe advierte de que esto proporciona una mayor dificultad a las empresas, ya que deben realizar actuaciones específicas para adecuarse a la ley.
Cumplir con la normativa
Según los abogados de Legalitas, hay un incremento en la preocupación de las pymes y de los autónomos para poder cumplir toda la normativa existente. El desconocimiento, el miedo a las sanciones y la falta de tiempo para poder implantar un sistema que garantice un cumplimiento normativo son algunos de los hándicaps que encuentran.
El Observatorio Jurídico de Legálitas registró en 2021 más de 5.000 consultas. Éstas las realizaron empresarios en el área Mercantil. La mayoría de las consultas estaban relacionadas con el cumplimiento de las normativas referentes a Compliance y por inversiones que garanticen que las operaciones realizadas no entrañen ni riesgos ni peligros.
Igualmente, desde Conversia, consultora especializada en Compliance, se registró en 2021 un un aumento en la actividad de los clientes, solicitando ayuda para la implantación de un sistema de Compliance para poder cumplir con la normativa en materia de Riesgos Laborales.
Las empresas que optan por sistemas de Compliance lo hacen al tener un compromiso ético con la dirección, al tener una exención o atenuación de la responsabilidad penal, o la preocupación por no perder oportunidades de negocio con las licitaciones públicas.
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Fuente: cincodias.elpais.com
