«El negocio de los negocios es el negocio» defendía Milton Friedman y, cada vez más, el buen gobierno empresarial en materia de sostenibilidad forma parte integral de los negocios, puesto que las empresas tienen que gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, el agotamiento de los recursos, la degradación del medio ambiente y los problemas sociales.
Está demostrado que, lejos de mermar la competitividad, a las empresas les resulta muy conveniente tener en cuenta las cuestiones en materia de sostenibilidad a la hora de tomar sus decisiones. Sin embargo, en ausencia de un marco normativo, de los 27,5 millones de empresas que hay en la Unión Europea, sólo alrededor del 1% adopta alguna forma de gestión corporativa que comprometa, a directores y gerentes, a tener en cuenta cuestiones en materia de sostenibilidad y las expectativas de los grupos de interés, además de las de sus accionistas.
En este contexto nace la propuesta de Directiva sobre Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad. Esta iniciativa pretende mejorar el marco regulatorio de la Unión Europea en materia de derecho y gobernanza empresarial. Permitiría a las empresas centrarse en la creación de valor sostenible a largo plazo en lugar de en los beneficios a corto plazo. Aspira a alinear mejor los intereses de las empresas, de sus accionistas y directivos, de la sociedad y del resto de sus grupos de interés. Ayudaría a las empresas a gestionar mejor las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad en sus propias operaciones y cadenas de valor, en lo que se refiere a derechos sociales y humanos, cambio climático o medio ambiente, entre otras.
Dentro de esta propuesta de directiva hay un artículo que corre el riesgo de ser eliminado y que es clave para asegurar un modelo empresarial responsable en Europa. Se trata del artículo 25, que exige a la alta dirección que tenga en cuenta cuestiones de sostenibilidad. Para salvarlo, B Lab Europe ha lanzado una recogida de firmas y petición dirigida a los miembros del Parlamento Europeo. Cuando la Unión Europea decide legislar, uno de los principios que tiene que seguir es el principio de «legislar mejor», que requiere una ampliación de la base informativa y empírica para la formulación de políticas, involucrando y tomando en cuenta las opiniones de quienes puedan verse afectados.
En el ámbito de la propuesta de Directiva sobre Diligencia Debida, y en particular del artículo 25, las empresas B Corp tienen un papel notable que desempeñar. El concepto de stakeholder governance o gobernanza de los grupos de interés no es un territorio desconocido para las empresas B Corp: es lo que las define. Tampoco es un concepto novedoso. En 1984, R. Edward Freeman presentó la teoría de los grupos de interés como una visión del capitalismo que hace hincapié en las relaciones interconectadas entre una empresa y sus clientes, proveedores, empleados, inversores, comunidades y otras personas interesadas en la organización. La teoría sostiene que una empresa debe crear valor para todos los grupos de interés, no sólo para los accionistas.
Lo que sí es relativamente novedoso es la puesta en práctica de la teoría por un movimiento de base de empresas con visión de futuro. Las empresas B Corp cuentan con el historial necesario para respaldar que el arraigo de la gestión de la sostenibilidad, al más alto nivel de gobernanza, también es bueno para la cuenta de resultados. El movimiento mundial de más de 6.000 empresas B Corp ha adquirido voluntariamente, en sus principales documentos corporativos, un sólido compromiso hacia las personas y el planeta, exigiendo a sus directivos tener en cuenta a todos los grupos de interés (incluidos los accionistas y el medio ambiente) a la hora de tomar decisiones. Las empresas B Corp en Europa, con unas tasas medias de crecimiento anual del 22%, acceso a mejores talentos, menores tasas de rotación y menores costes del capital (por ejemplo, por la reducción del riesgo en los retos de la sostenibilidad), constituyen la mayor prueba de la necesidad conclusiva de que los directores y gerentes tengan en cuenta las cuestiones de sostenibilidad en sus decisiones.
Este mismo movimiento logró en España el reconocimiento de la figura jurídica Sociedades de Bien e Interés Común (SBIC): empresas con propósito que prosperan en un capitalismo cada vez más consciente. Para llegar al final, todavía resta que el Gobierno apruebe el reglamento de la figura legal y así poder seguir avanzando hacia una economía más justa y sostenible en nuestro país.
No se pretende empezar una revolución ni transformar radicalmente el paradigma. Se trata simplemente de atar cabos y apoyar una evolución orgánica de la concepción de los negocios, compartiendo y poniendo el énfasis en la conclusión razonable de que lo que es bueno para el planeta y para las personas, también es bueno para los negocios.
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Fuente: ethic.es
