En la Unión Europea se está produciendo un cambio sin precedentes en materia climática. El impulso regulatorio ha sido un importante catalizador para que las grandes empresas hayan dado un vuelco a su estrategia para capitalizar las oportunidades inherentes a la transformación derivada del cambio climático. Por su parte, los bancos no solo están tratando de adecuarse para financiar esta transformación y capturar las oportunidades que surjan de este proceso de alineación hacia una economía descarbonizada, sino que la regulación financiera, empeñada en promover la transparencia, limitar el ecopostureo (greenwashing) y velar por la estabilidad financiera, pone a las entidades en el centro de un puzle donde deben esforzarse por mitigar los riesgos climáticos con la misma exigencia con la que supervisan otros parámetros financieros.
Al mismo tiempo, las señales en nuestro entorno son claras: la decidida apuesta de los fondos de recuperación europeos hacia los proyectos ligados a la sostenibilidad (que en el caso de España se eleva hasta un 40% según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia); el fuerte compromiso del sector financiero en la COP 26 a través de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero; el imparable aumento de los precios de los derechos de emisión de CO2 en los mercados internacionales como la manera más eficiente de avanzar en la reducción de emisiones; el Fit for 55 de la Comisión Europea o la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, son signos contundentes que sugieren mirar más allá de la rentabilidad y del corto plazo.
Sin embargo, en este complejo ecosistema todavía falta un actor clave para que esta transformación ligada al cambio climático suponga una auténtica revolución: la pequeña y mediana empresa, un segmento que representa más del 96% del tejido productivo español. Aunque hay que considerar la heterogeneidad de empresas que conforman este segmento empresarial, en general, todas perciben la sostenibilidad bajo un prisma similar y adolecen de problemas comunes sobre los que hay que trabajar antes de exigirles que se integren en este proceso de cambio.
En primer lugar, las pymes tienden a ligar la sostenibilidad únicamente a la eficiencia energética y, aun así, un porcentaje muy significativo es insensible al impacto que la descarbonización tiene sobre su posición competitiva. Además, de acuerdo con algunas encuestas de Cepyme y otras de elaboración propia, más del 50% de las pymes considera que la sostenibilidad puede ser una moda pasajera que a corto plazo exige un esfuerzo en costes superior a los potenciales beneficios a medio plazo. En tercer lugar, muchas han optado por esperar a disponer de un marco regulatorio estable y consolidado y confían en un sistema de incentivos con ventajas fiscales. Por último, en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la UE, las pymes creen que el grado de sensibilidad ante las consecuencias adversas del cambio climático no modificará sus condiciones financieras en los próximos años.
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Fuente: cincodias.elpais.com
